LOMCE

LOMCE: una propuesta de ley para mejorar la calidad educativa que está siendo polémica.

En la actualidad está en trámite la aprobación de una propuesta de ley que busca mejorar los resultados académicos y reducir el abanado abandono escolar, pero que ha sido muy criticada por proponer exámenes generales al finalizar cada ciclo o limitar el papel de las familias en la gestión de los centros. Entonces, ¿cómo se ha gestado esa ley?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué medidas propone? y ¿qué críticas recibe?

En julio de 2012, el Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley de educación, llamado Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la idea que se aprobase en el Parlamento antes de finales de año. En este período, se han plateado algunas críticas importantes y parece que el Ministerio podría corregir algunos de los aspectos más polémicos, aunque no todos. Se trata de la tercera ley de educación en diez años. Aquí se realiza una comparación entre la LOMCE y la actual Ley Orgánica de Educación.

Para el Ministerio de Educación, los principales objetivos de la LOMCE son reducir el abandono escolar, aumentar la matriculación en ESO, mejorar los resultados académicos, favorecer la empleabilidad, incrementar la autonomía de los centros, mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras e intensificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las críticas a la propuesta de ley han surgido de múltiples instituciones: Comunidades Autonómicas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de docentes, asociaciones de padres, etc.

Las principales medidas de la LOMCE

Evaluaciones de ámbito estatal al finalizar Primaria, ESO y Bachillerato. En Primaria, si no se aprueba el examen al finalizar 6º se repetiría, salvo que ya se haya repetido antes, en cuyo caso se pasa a ESO con medidas de refuerzo. Al finalizar ESO y Bachillerato, sería necesario superar las pruebas para recibir el correspondiente título y pasar al siguiente nivel. Esas pruebas deberían servir también para diagnosticar los resultados de los centros y las comunidades, y así poder establecer planes de mejora. El Ministerio argumenta que cuando hay este tipo de pruebas los alumnos tienen mejores resultados académicos generales y hay menos abandono. Sostiene que este sistema de exámenes señaliza claramente los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa, incentiva el esfuerzo de los estudiantes, garantiza al alumno, a su familia y a la sociedad un nivel de conocimiento adecuado y da transparencia al sistema.

Este tipo de pruebas son criticadas porque no reflejarían el esfuerzo realizado por el alumno a lo largo de los cursos y porque pondría fin al concepto de evaluación continua. Según los críticos, estos exámenes aumentarían las repeticiones de curso. También hay dudas sobre qué pasará al finalizar ESO con los alumnos que aprueben la ESO pero se queden sin título al suspender el examen.

Según el Centro de información educativa de la UE (Eurydice) en Europa, solo en la región francófona de Bélgica existen pruebas de ese tipo que condicionan la progresión de los alumnos al final de la Primaria. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los alumnos a un tipo u otro de centros de secundaria. Hay países que exigen reválidas para obtener el título, pero en muchos casos las hacen y preparan los profesores del propio centro o sus resultados se combinan con los del trabajo del año y los exámenes internos para decidir la nota final.

Sobre la repetición de curso, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) creadora del informe PISA de evaluación de estudiante recomienda en un reciente informe eliminar la repetición de curso porque “es costosa y no mejora los resultados académicos” y propone otras medidas, como prestar a los alumnos con dificultades apoyo temprano y periódico, abordar las lagunas de aprendizaje durante el año lectivo o limitar la repetición solo a las materias suspendidas y añadiendo un apoyo especial.

Adelanto de la edad en que se opta por materias de formación profesional.  Con la ley actual, la Formación Profesional (FP) es paralela al bachillerato y se inicia con 16 años. También se puede optar en 3º o 4º de ESO a un año de PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), algo así como una formación profesional básica, después de la cual se puede o bien pasar a FP Media o bien obtener el título de ESO y pasar a Bachillerato; es decir, los actuales PCPI permiten pasar de la FP al Bachillerato. En los PCPI se aprenden los rudimentos de un oficio y se consigue un certificado de profesionalidad del Ministerio de Trabajo.

Con la LOMCE, el Ministerio busca aumentar los alumnos de formación profesional, reducir el abandono escolar y la repetición, así como aumentar la empleabilidad. Así, los estudiantes empezarían a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el Bachillerato en 3º de ESO (14 años). En 4º ya se separarían los alumnos que quieren estudiar Bachillerato y los que van a FP, aunque con algunas asignaturas comunes. En  2º de ESO, los alumnos que ya hayan repetido dos veces podrían pasar a los PCPI, pero aumentados a dos años.  Según el Ministerio, estos programas ya no darán acceso directo a la FP de grado medio (habrá que hacer un examen de acceso) y tampoco ofrecerán la posibilidad de obtener el título de ESO. También se propone que un consejo orientador del centro escolar recomiende al final de cada curso de ESO “el itinerario más adecuado” para el alumno y los “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento o de cualificación profesional”.

Por otro lado, se plantea modificar los programas que hay para atender a alumnos con dificultades, que ahora se llaman Programas de Diversificación Curricular y se hacen en 3º y 4º de la ESO. Con la LOMCE, pasarían a llamarse Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y tendrían lugar en 2º y 3º de ESO.

Las críticas a estas medidas vienen, por un lado, del adelanto en la diferenciación de enseñanza. La OCDE establece que "la selección temprana de estudiantes ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a niveles más bajos y aumenta las desigualdades sin elevar el desempeño promedio” y recomienda que se haga “en la educación media superior mientras se refuerza una escolaridad más completa”. En los sistemas con separación temprana (como Alemania u Holanda) se habría demostrado que existe un sesgo en contra de las capas sociales desfavorecidas, es decir, que, a igualdad de capacidades, tienen más posibilidades de que el sistema les lleve hacia el camino de la formación profesional. El Gobierno holandés encargó en 2007 un estudio para averiguar por qué los niños más pobres (inmigrantes, muchos), aunque tuvieran tan buenas notas como el resto, seguían estudios profesionales en lugar de Bachillerato. El estudio concluyó que era por influencia del equipo orientador.

Se critica a la LOMCE que los países que no diferencian alumnos hasta los 16 años obtienen mejores resultados. La segunda crítica es que la elección por la formación profesional sea irreversible, es decir, que no se pueda pasar al bachillerato. La OCDE aconseja que siempre exista la posibilidad de pasar de los estudios profesionales a los académicos.

Recientemente, el Ministerio ha declarado que flexibilizará los itinerarios y creará “pasarelas” que faciliten el paso de unos a otros.

Cambios en materias. Uno de los objetivos del Ministerio es mejorar el nivel de conocimiento en materias prioritarias (matemáticas, lectura y ciencias) porque, en relación con los países de la OCDE, aunque España está por encima de la media en horas totales lectivas, está por debajo en lectura y matemáticas, lo que se relaciona con unos resultados mejorables en la prueba PISA. Aumentar las horas en esas materias debe hacerse reduciendo otras. La propuesta de ley plantea medidas, como aumentar las horas de matemáticas, ciencias y comprensión lectora en Primaria, Secundaria y Bachillerato. En Primaria, sustituir la asignatura de Conocimiento del Medio por dos: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En 4º de ESO se eliminan como asignatura obligatorias ética y ciencias sociales, geografía e historia. Se elimina Educación para la Ciudadanía  en Primaria y la ESO. Se incluye como obligatoria religión o la alternativa

Otras de las medidas consisten en reducir modalidades de Bachillerato y, en ESO, reducir a dos itinerarios (enseñanzas aplicadas y académicas) y cinco alternativas (ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, artes y ciencias sociales). Esto significaría la desaparición del Bachillerato de artes escénicas. También se plantea aumentar el porcentaje de materia que fija el Ministerio y reducir el que fijan las Comunidades Autónomas.

El incremento de los contenidos que fijará el Ministerio se interpreta por algunos como una forma de que el Gobierno tenga más control sobre las Comunidades Autónomas. La Generalitat critica que estas medidas acaba con la inmersión lingüística.

Autonomía de los Centros. La actual ley reconoce autonomía de los centros para desarrollar y complementar el currículum, mientras que en la nueva Ley se reconoce autonomía para contar con métodos pedagógicos propios. Por otro lado, la LOMCE quiere dar más poder ejecutivo al equipo directivo de los centros y el consejo escolar será un órgano consultivo, lo que limitaría el papel de las familias en la gestión de los centros. Limitar las funciones del consejo escolar supondría que los padres perderían capacidad de decisión en los centros.

Algunas críticas defienden una autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los centros que permita desarrollar proyectos educativos propios o tratar de forma diferenciada la diversidad del alumnado.  Sin embargo, se oponen a que los centros tengan autonomía curricular, porque eso podría modificar la oferta educativa, dando lugar a centros de “especialización curricular” y a la selección de los alumnos por el currículo.

La OCDE recomienda la autonomía de los centros escolares como una de las más eficaces herramientas para mejorar los resultados educativos. Proponen que los responsables de los centros puedan tener más margen para decidir qué y cómo enseñar, cómo gastar el dinero y elegir a los profesores.

La propuesta de ley también permite que las Comunidades Autónomas puedan apoyar financieramente a los centros que separen a los alumnos por sexo, a pesar de que el Tribunal Superior rechazó que se apoye a ese tipo de centros con fondos públicos.

Algunos consejeros autonómicos de educación del PP echan en falta en la LOMCE la libertad de elección de centro (como ocurre en Madrid) y el apoyo a la construcción de centros concertados. Precisamente, el informe de OCDE dice que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.